El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la localización en Tecalitlán, Jalisco, de un inmueble utilizado presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para atender y permitir la recuperación de personas heridas vinculadas con la organización criminal.
Durante la conferencia matutina realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, García Harfuch precisó que, más que un hospital formal, se trataba de un domicilio al que eran trasladados integrantes de la delincuencia organizada para recibir atención después de resultar lesionados. El funcionario señaló que el hallazgo se produjo a partir de un cateo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y agregó que las investigaciones continúan.
La localización del inmueble se dio a conocer inicialmente como resultado de una investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco por la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque, quien había salido de su domicilio el pasado 21 de julio para acudir a una supuesta oferta de trabajo en un rancho.
Las diligencias permitieron ubicar una finca en Tecalitlán, donde las autoridades encontraron al joven y a otros hombres que permanecían privados de su libertad. Durante el operativo también fueron detenidos cinco hombres y una mujer, señalados como presuntos responsables de custodiar a las víctimas.
En el inmueble fueron asegurados medicamentos, muletas, material ortopédico, indumentaria táctica, presunta droga y alrededor de 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 milímetros, elementos que reforzaron la hipótesis de que el lugar era empleado para la recuperación de personas lesionadas.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó además que se investiga si personal médico de municipios del sur del estado participaba en la atención especializada de integrantes del grupo criminal.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial por su probable participación en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares, mientras las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.
