El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la primera Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los criterios de prevención, investigación, sanción y reparación del daño en este delito.
Con la modificación al artículo 73 de la Constitución, el Poder Legislativo federal podrá establecer una legislación de carácter obligatorio para las 32 entidades federativas, lo que busca eliminar las diferencias normativas que actualmente existen en la tipificación y persecución del feminicidio. El dictamen fue avalado por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, tras su aprobación previa en comisiones.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia de género y los retos institucionales para investigar y sancionar este delito. La propuesta plantea establecer estándares nacionales que obliguen a las autoridades a investigar con perspectiva de género, evitando interpretaciones discrecionales que han derivado en casos de impunidad.
Entre los alcances de la futura legislación se contempla la definición de criterios homogéneos para la clasificación del feminicidio, la incorporación de agravantes específicas, la obligatoriedad de su persecución de oficio y la implementación de mecanismos de coordinación entre instancias federales, estatales y municipales. Asimismo, se prevé fortalecer los esquemas de reparación integral del daño para las víctimas indirectas.
De acuerdo con legisladores, la ausencia de una ley general ha generado disparidades en la forma en que los estados investigan y sancionan el feminicidio, lo que impacta en los niveles de acceso a la justicia. Con esta reforma, se busca construir un marco jurídico uniforme que permita mejorar la respuesta institucional frente a este delito.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y, en su caso, por los congresos estatales, como parte del proceso constitucional. Posteriormente, el Congreso de la Unión estará en condiciones de expedir la Ley General de Feminicidio, que establecería por primera vez lineamientos nacionales obligatorios en la materia.
